Adrián Ramírez debía preparar un texto acerca de legitimidad o ilegitimidad en los reclamos salariales. Si sacaba un 8 promocionaba la materia, con lo cual evitaba rendir el examen final. Espera el resultado mucho menos ansioso que en los quince minutos siguientes a la lectura de la consigna.
"Establecer un régimen de premios en función de acciones correctas es bueno. Que no tenga que pasar por el final si hago un ensayo interesante es un premio. Distinto sería si para zafar del examen me pidieran que insulte al vecino del profesor.
Pedir una mejora en el sueldo es lógico toda vez que los precios suban -la Constitución Nacional consagra el derecho al salario mínimo, vital y móvil- o aumente la productividad.
Por supuesto que hay formas y formas. No corresponde tocar el redoblante a la madrugada frente a la casa del patrón o cortarle el teléfono, ni es cuestión de pintar las paredes de la municipalidad o de bloquear una ruta si el empleador es el Estado; ¿qué culpa tienen todos los que no son el dueño de la empresa ni el gobernante de turno?
Suponiendo que el hombre viviera aislado, tampoco cabría la ruidosa manifestación ante su vivienda pues esto le daría pie a hacernos lo mismo el día que se le ocurriera que estamos trabajando poco o mal.
¿Qué pasa si los canales de diálogo no resultan? Es justo contemplar situaciones de crisis, en las que probablemente el dueño no aumente porque no puede. Otro es el panorama si el salario está planchado mientras el empresario es cada vez más millonario.
El paro es una acción aceptable. Llegado el caso, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria si interpreta que uno ha cruzado la raya o si la tarea fuese de extrema necesidad social. Por ahí pasa buena parte del asunto, por las decisiones políticas. Si un gobierno permite que se amontone la basura como manera de queja o que se apedree a un colectivo que trabaja al tiempo que otros paran, entonces el mensaje es que la vida social consiste en que cada uno trate de salvarse a costa de los demás. Esto es ilegítimo. Y cuesta entender que se lo admita en una democracia.
Sancionar a quienes ponen en riesgo la salud o dañan la propiedad es parte de la justicia, es decir, de dar a cada uno según sus acciones. Si no me ponen un 8 por mi color de piel tengo derecho a quejarme por discriminación, pero si la nota se debe a que mi labor fue floja habrá que aceptarla.
